La despenalización, la legalización y el derecho a la privacidad

Por Lautaro Dayan


(Foto: Leo Bompino, Flikr)

La despenalización del consumo de marihuana es uno de los debates que el año pasado quedó relegado por las elecciones nacionales. Actualmente, las comisiones Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se encuentran discutiendo las condiciones para la votación de la nueva ley. Mientras tanto, la sancionada en 1989 obstruye la persecución del narcotráfico al enfocarse en la detención de los consumidores.
Según la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda Pérez que insiste todos los años con proyectos para despenalización, de las 12.000 causas que se abren por año en todo el país, más del 70 por ciento son consumidores por tenencia simple y sólo el 1 por ciento es por narcotráfico. La lógica que exhibe esta estadística es que, para la Justicia, la amenaza para la sociedad reside en los fumadores y no en los distribuidores, exactamente al revés que como pareciera ser dadas las redes de narcotráfico que, evidentemente, no sufren mayor persecución.

A fines de marzo de este año, el senador Anibal Fernández realizó una conferencia para proponer la reforma de la ley de estupefacientes. Allí expuso los argumentos principales a favor de la despenalización del consumo de marihuana y determinó los lineamientos generales dentro de los cuales se desarrollará el debate en el congreso, que comenzó en la cámara de diputados y que aún espera por ser tratado en el recinto.
Los primeros usos de la planta de cannabis datan del III milenio AC. Fue utilizada a lo largo de la historia en rituales religiosos, para fortalecer construcciones con el tallo de la planta, para elaborar papel y con objetivos medicinales. Todavía no era “la droga que introduce a las demás drogas”, como tratan de instalar quienes no están de acuerdo con la despenalización. Era, al igual que ahora, una planta, como todas, del mundo vegetal y pasaron cuatro mil novecientos años hasta que prohibieron su cultivo en los Estados Unidos primero y posteriormente en el resto del mundo.

Existen dos ejes que deben atravesar todas las discusiones serias sobre la despenalización o no del consumo de marihuana: en primer lugar sus atribuciones medicinales y, en segundo orden, la situación legal y penal. Respecto a lo primero, hay que decir que no hay registro de que ni siquiera una persona haya muerto por sobredosis de marihuana. Sí hay numerosos estudios que indican que alivia los síntomas de la esclerosis múltiple, devuelve el apetito a quienes sufren algunos tipos de cáncer y ayuda a superar cuadros psicológicos como el insomnio y la depresión.

En cuanto al segundo eje, la ley sancionada en 1989 que continúa vigente viola el artículo 19 de la constitución nacional según el cual todos los actos privados de los individuos que no afecten a terceros quedan exentos de la autoridad de los magistrados. También viola el principio de inocencia de los imputados dado que a pesar de haber sido detenidos con pequeñas cantidades de marihuana, deben probar que estaba destinada al consumo y no al comercio. . 8.000 personas son detenidas por año por culpa de esta incongruencia señalada hasta el cansancio por el ministro de la corte suprema, Eugenio Zaffaroni.
Al ser el conflicto por las drogas un problema de carácter internacional que se extiende por sobre las fronteras políticas de casi todos los países del mundo, en América Latina está siendo tratado en conjunto por los paíeses pertenecientes a los distintos organismos multilaterales. En Uruguay, por ejemplo, José "Pepe" Mujica ha propuesto que el Estado se hiciera cargo de la producción de marihuana con tal de desarticular el narcotráfico satisfaciendo la demanda.


Todo indica que más allá de la lucha de intereses que representa este debate, no es la persecución de los consumidores la solución del narcotráfico ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Este contexto sociopolítico en el cual los derechos individuales sociales, civiles y políticos parecieran florecer mediante leyes como la del matrimonio igualitario o la de identidad de género, es el más adecuado para discutir una nueva ley de drogas en el Congreso Nacional.


(Foto: Leo Bompino, Flikr)